La huelga en la industria cárnica paraliza buena parte de los mataderos españoles

La huelga de la industria cárnica española, iniciada este lunes 9 de noviembre, está provocando importantes alteraciones en la actividad de los mataderos de todo el país. Durante las primeras horas de la jornada, buena parte de las instalaciones han detenido la matanza o trabajan con volúmenes muy limitados, una situación que también está afectando al reparto de carne y provocando la cancelación de camiones de transporte de ganado. En Cataluña, el impacto se ve agravado por la huelga simultánea de los auxiliares veterinarios, que está ralentizando todavía más la actividad.

El paro, convocado del 9 al 13 de noviembre, afecta a unos 126.000 trabajadores de la industria cárnica española y llega después de que las patronales Anice y Fecic y los sindicatos CCOO y UGT no consiguieran alcanzar un acuerdo sobre el nuevo convenio colectivo sectorial. La última reunión, celebrada el viernes 6 de noviembre, concluyó sin avances suficientes tras más de seis horas de negociación.

Durante esta primera jornada, los piquetes están siendo uno de los principales factores que dificultan la actividad de los mataderos. Numerosas instalaciones han suspendido la matanza, mientras que otras mantienen una actividad muy reducida. Esta situación está provocando la anulación de camiones de ganado y alteraciones en la distribución de carne.

En Cataluña, a la huelga de las industrias cárnicas se suma la de unos 200 auxiliares veterinarios que trabajan en una treintena de mataderos. Estos profesionales reclaman la subrogación obligatoria de sus contratos ante la nueva licitación de los servicios. Su ausencia está provocando que incluso los establecimientos que no tienen problemas con los piquetes y pueden recibir animales trabajen a un ritmo de sacrificio muy lento. Si el conflicto no se resuelve, los auxiliares contemplan la posibilidad de convocar una nueva huelga en diciembre.

Semana especialmente complicada para el porcino

La coincidencia de las movilizaciones llega en un momento especialmente delicado para el sector porcino español, que necesita mantener unos ritmos elevados de sacrificio para dar salida a la oferta de animales y evitar una mayor acumulación de cerdos en las explotaciones.

La reducción de la actividad de los mataderos puede dificultar esta salida de ganado, incrementar la presión sobre los pesos y complicar la planificación de la producción ante la proximidad de las fiestas de Navidad y Fin de Año.

Además, el calendario de movilizaciones incluye una huelga general convocada para el miércoles 11 de noviembre, que coincidirá con el tercer día de paro de las industrias cárnicas y de los auxiliares veterinarios catalanes.

De este modo, el sector afronta una semana marcada por la incertidumbre sobre la capacidad de sacrificio de los mataderos, con posibles consecuencias tanto para los ganaderos como para la industria y la distribución de carne. La evolución de las movilizaciones durante los próximos días será determinante para conocer el alcance real de las alteraciones en la cadena de producción cárnica.

Las diferencias salariales y laborales bloquean la negociación

El principal desencuentro entre patronales y sindicatos se centra en las condiciones económicas y laborales del nuevo convenio colectivo.

En su última propuesta, Anice y Fecic ofrecieron una subida salarial del 4 % para 2026, acompañada de una cláusula de revisión sin límite, así como incrementos del 2,5 % para 2027 y del 2 % para 2028 y 2029, con revisiones adicionales de hasta el 2,5 % anual durante estos tres últimos ejercicios.

La oferta empresarial también contemplaba ampliar la vigencia del convenio hasta 2029, reducir cuatro horas la jornada laboral anual en ese último ejercicio y aumentar de 10 a 15 horas el permiso para acompañamiento médico.

Sin embargo, CCOO y UGT consideran insuficiente la propuesta y reclaman incrementos salariales de al menos el 4 %, no absorbibles ni compensables, con una cláusula de revisión vinculada al IPC anual y de carácter retroactivo. También exigen una reducción de 16 horas de la jornada anual, actualmente fijada en 1.748 horas, mejoras en los permisos y una limitación de la jornada ordinaria diaria a nueve horas.

Las patronales lamentan el rechazo de su última oferta y consideran que han realizado un esfuerzo importante para acercar posiciones. Por su parte, los sindicatos acusan a las organizaciones empresariales de mantener una postura que no garantiza el poder adquisitivo de los trabajadores ni responde a sus reivindicaciones laborales.

El conflicto también ha llegado a los tribunales. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una demanda presentada por Anice y Fecic contra CCOO y UGT por una presunta vulneración del deber de negociar de buena fe, pendiente todavía de resolución judicial.